INFORME UCSP Nº: 2014/009


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1 MINISTERIO COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA INFORME UCSP Nº: 2014/009 FECHA ASUNTO Dotación de vigilancia privada en espectáculos públicos ANTECEDENTES El presente informe se redacta a petición de la Vicesecretaría General Técnica del Ministerio del Interior, ante la consulta formulada por la Delegación de Seguridad, Protección Civil y Festejos de un ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid, sobre la dotación de vigilancia privada y control de accesos para los espectáculos públicos, y las actividades recreativas para la aprobación de los planes de autoprotección. CONSIDERACIONES Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos. La Delegación de Seguridad, Protección Civil y Festejos del ayuntamiento plantea las siguientes cuestiones, en el ámbito de la Comunidad de Madrid: 1. Cuándo será necesario contar con el servicio de vigilantes de seguridad y controladores en un local? 2. Cuántos vigilantes de seguridad, son razonables por cada cien personas? Respecto a la primera cuestión, cabe tener presente que los artículos 1.2 y 5.1 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, establecen que únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza, las empresas de seguridad y el personal de seguridad privado integrado en las mismas. Sin entrar a valorar la operatividad de materialización en la que se realizan los diferentes servicios de seguridad, el artículo 23 del Real Decreto 2364/1994, que desarrolla el Reglamento de Seguridad Privada, con el título: -Adecuación de los servicios a los riesgos-, establece que son las empresas inscritas y autorizadas para el desarrollo de las actividades a que se refieren (los párrafos a, b, c y d), del artículo 1 de este Reglamento, quienes antes de formalizar la contratación de un servicio de seguridad, deberán determinar, bajo su responsabilidad, la adecuación del servicio a prestar respecto a la seguridad de las personas y bienes protegidos, así como la del personal de seguridad que haya de prestar el servicio, teniendo en cuenta los riesgos a cubrir, formulando, en consecuencia, las indicaciones procedentes. CORREO ELECTRÓNICO C/ Rey Francisco, MADRID TEL.: / 16 FAX:

2 En relación con las funciones de los Vigilantes de Seguridad, el artículo 11.1 de la referida Ley de Seguridad Privada, recoge entre otras: Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles y evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección. En relación con la presencia de controladores, personal laboral ajeno al ámbito profesional de seguridad privada y, por tanto, impedido de poder ejercer función alguna reservada por ley a los vigilantes de seguridad, la Secretaria General Técnica del Ministerio del Interior, en relación a los denominados -controladores de acceso-, ha expresado, en diversos informes, las funciones que puede realizar personal distinto al de seguridad privada, entre las que se encuentran: los controles de entrada de visitas o trabajadores que vayan provistos de un documento que les permita acceder (acreditación de orden interno), siempre que no implique control de identidad de las personas; recepción de visitantes, siempre que no existan sistemas de seguridad (Ej. detectores de metal); recogida y custodia, en su caso de efectos portados por los visitantes (bolsos, maletas, etc.) que no conlleve el control interior de efectos personales. Por último, y en razón con la necesidad de contar con vigilantes de seguridad, la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, de la Comunidad de Madrid, contempla en su artículo 7. que la citada Comunidad determinará reglamentariamente los espectáculos, actividades y establecimientos que por su naturaleza, aforo o incidencia en la convivencia ciudadana deberán implantar medidas o servicios de vigilancia, así como las características de los mismos. Mediante la Ley 10/2009, de 23 de diciembre, sobre medidas fiscales y administrativas, se vino a modificar la Ley 17/97 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, considerando como infracción muy grave, (artículo 37.15), entre otros, el incumplimiento de las medidas o servicios de vigilancia obligatorios. Fuera de este marco legal autonómico, la legislación vigente en materia de seguridad privada no contiene disposición especifica alguna que imponga la necesidad de contar con vigilantes de seguridad en este tipo de eventos, todo ello al margen del supuesto general contenido en el artículo 112 del Reglamento de Seguridad Privada, que habilita a la autoridad gubernativa a imponer determinadas medidas de seguridad, entre las que se encuentran los vigilantes, pero referidos a establecimientos e instalaciones industriales, mercantiles o de servicios. En relación a la segunda de las cuestiones, cabe tener presente que el artículo 16, de la Ley de Seguridad Privada 23/92, establece que: Cuando el número de vigilantes de seguridad, la complejidad organizativa o técnica, u otras circunstancias que se determinarán reglamentariamente, lo hagan necesario, las funciones de aquéllos se desempeñarán a las órdenes directas de un Jefe de Seguridad, que será responsable del funcionamiento de los vigilantes y de los sistemas de seguridad, así como de la organización y ejecución de los servicios y de la observancia de la normativa aplicable MINISTERIO

3 De igual forma, el artículo 95 del referido Reglamento de Seguridad Privada, cuando regula las funciones de los Jefes y Directores de Seguridad, recoge, entre otras: El análisis de situaciones de riesgo y la planificación y programación de las actuaciones precisas para la implantación y realización de los servicios de seguridad; la propuesta de los sistemas de seguridad que resulten pertinentes; asegurar la colaboración de los servicios de seguridad con los de las correspondientes dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y en general, velar por la observancia de la regulación de seguridad aplicable. El Real Decreto 2816/1982, de 27 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas, en sus artículos 53, 78.1 y , vienen a contemplar lo siguiente: Artículo 53. En todos los espectáculos o actividades recreativas en que puedan producirse concentraciones superiores a 100 personas, la Empresa deberá disponer de personal encargado de vigilancia, al que encomendará el buen orden en el desarrollo del espectáculo. Se comunicarán a la Autoridad gubernativa y a la municipal los datos de identificación y las altas y bajas de este personal, que podrá recibir órdenes de las mismas o de sus agentes para el mejor cumplimiento de su función. Artículo De acuerdo con las órdenes e instrucciones de la Dirección de la Seguridad del Estado y de los Gobiernos Civiles, las Jefaturas Superiores y las Comisarías Provinciales y Locales de Policía, así como las Comandancias de la Guardia Civil, en los ámbitos territoriales a que, respectivamente, se extiende el ejercicio de sus atribuciones, considerarán los espectáculos y recreos públicos en general, como actividades de especial interés policial y harán objeto a los mismos, y a los locales en que se celebren, de servicios ordinarios de vigilancia, designando al efecto los funcionarios que en cada momento y lugar hayan de encargarse de la misma. Artículo La vigilancia policial se referirá, tanto a las condiciones físicas de los locales y de sus instalaciones como al orden y moralidad en el desarrollo de los espectáculos y actividades, a los horarios de celebración, a las condiciones de las personas que intervengan en los mismos y a la edad de los espectadores que asistan, teniendo en cuenta la calificación otorgada a tal efecto en cada caso Si como consecuencia de la vigilancia policial, se advirtieran indicios de deficiencias en los locales o en sus instalaciones, para la apreciación adecuada de las cuales fuera necesaria la actuación de profesionales o funcionarios técnicos o facultativos, los Agentes de la Autoridad lo deberán hacer constar así a los organismos competentes, bien directamente, en caso de urgencia, o bien a través de las Autoridades de que dependan, para que ordenen la práctica de las inspecciones pertinentes. El Decreto 163/2008, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, de la Comunidad de Madrid, por el que se regula la actividad de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas, tiene como objeto regular la actividad de control de acceso en espectáculos y actividades recreativas que dispongan de dicho servicio, con la finalidad de MINISTERIO

4 garantizar la seguridad de los usuarios en el interior de los locales o recintos y de sus dependencias anexas así como en la entrada a los mismos. El artículo 3 del citado Decreto 163/2008, contempla que: Los titulares de los establecimientos y locales o de las respectivas licencias, y los organizadores de los espectáculos públicos y actividades recreativas serán responsables solidarios del desarrollo de la actividad de control de acceso a aquellos. A efectos ilustrativos del presente, respecto a la regulación administrativa de espectáculos públicos y actividades recreativas, que realizan las distintas Comunidades Autónomas, se hace mención a lo recogido por la Ley 11/2009, de 6 de julio, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que en su artículo 25- Personal e instalaciones- indica lo siguiente: 1. Debe determinarse, por reglamento, los establecimientos abiertos al público, espectáculos públicos y actividades recreativas en que tiene que haber personal e instalaciones de vigilancia, así como las características, funciones y obligaciones que han de tener, de acuerdo con el principio según el cual los titulares y los organizadores deben adoptar sus propias medidas preventivas para asegurarse de que los espectáculos públicos y las actividades recreativas se llevan a término con normalidad. 2. El personal de vigilancia debe cumplir las condiciones de capacitación necesarias para el ejercicio de sus funciones. El cumplimiento de este requisito es una de las condiciones a las que tienen que someterse las licencias y autorizaciones. 3. Las instituciones, de acuerdo con las competencias que tienen atribuidas, deben coordinarse para garantizar la seguridad de las personas en los espectáculos públicos y actividades recreativas que hayan sido autorizados y se hayan llevado a cabo en espacios abiertos al público. 4. Si el comportamiento de los espectadores o de los usuarios puede provocar problemas graves de seguridad y de orden público y el personal de vigilancia no puede afrontar la situación de forma apropiada, debe solicitar el auxilio de los cuerpos y fuerzas de seguridad para que adopten las medidas oportunas. CONCLUSIONES Teniendo en cuenta la normativa anteriormente citada, esta Unidad Central de Seguridad Privada entiende que no existe norma legal en materia de seguridad privada que determine la obligación de contar con vigilantes ni el número de vigilantes de seguridad que deban prestar servicio en los eventos, en general, ni en los ubicados en la Comunidad Autónoma de Madrid, en particular. Como referente normativo, para la consulta efectuada, se ha de tener en cuenta lo indicado en el artículo 53 del Real Decreto 2816/1982, el cual establece que, en todos los espectáculos o actividades recreativas en que puedan producirse concentraciones superiores a 100 personas, la empresa deberá disponer de personal encargado de vigilancia, al que encomendará el buen orden en el desarrollo del espectáculo MINISTERIO

5 Serian las empresas de seguridad, para el caso de resultar contratadas, las que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de Seguridad Privada, tienen asignada la función de analizar los riesgos de un servicio, para posteriormente establecer su adecuación con objeto de garantizar la seguridad tanto de las personas y bienes objeto del mismo, como del personal de seguridad que presta dicho servicio. Por tanto, es la propia normativa de seguridad privada, la que faculta a las referidas empresas de seguridad, por medio de su Jefe de Seguridad, así como a los Directores de Seguridad dentro de su ámbito competencial, para que dispongan la forma en que han de prestarse los servicios. Correspondería, en todo caso, al Departamento de Seguridad, si existiera, o al Jefe de Seguridad de la empresa prestataria del servicio, en su caso, evaluar esos riesgos y determinar el número de vigilantes de seguridad necesarios, atendiendo a las características del evento a desarrollar. Todo lo anterior se dice en el estricto ámbito de la legislación de seguridad privada, y con absoluta independencia de otras normativas sectoriales que resulten de aplicación, y señaladamente las referidas a espectáculos públicos. Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la consulta sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un acto de los descritos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que contra el mismo no cabe recurso alguno. UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA MINISTERIO

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